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Por Daniel Antileo

En plena celebración del 18 de septiembre, el gobierno, mandatado por Sebastián Piñera, enviaba el proyecto de ley “Aula Segura”, ello, ante las constantes manifestaciones por parte de los estudiantes secundarios, principalmente de colegios emblemáticos. La iniciativa busca brindarle más herramientas a los directores de los establecimientos educacionales a la hora de enfrentar hechos de violencia catalogados como graves, tales como la detonación de artefactos explosivos, incurrir en agresiones físicas o la posesión de armas, etc. De esta forma, Piñera reiteró su compromiso con la calidad de la educación y la “dignidad e integridad que merece toda la comunidad escolar”, afirmó que “va a perseguir con toda la fuerza de la ley a aquellos delincuentes y violentistas que, disfrazados de estudiantes, sin respetar a nada ni nadie, pretenden causar un clima de terror al interior de nuestros establecimientos educacionales”.
Sin embargo, este proyecto de ley no es más que un voladero de luces que el gobierno realiza -de manera populista- para frenar y criminalizar la protesta, y cualquier forma de movilización social. Claros son los ejemplos como la “perfección” de la ley antiterrorista que buscaba principalmente la persecución a comuneros mapuches, ante las permanentes protestas por demandas histórica del pueblo mapuche o bien, la conocida “Ley Hinzpeter”, la cual pretendía sancionar a aquellos que, en las manifestaciones sociales, ocultaran su rostro.
Cuando las políticas públicas o las estrategias o planes sectoriales definen que lo óptimo para reducir la delincuencia es mayor presencia policial, lo que concretamente sucede, es que efectivamente se reduce la posibilidad de comisión de delitos en el punto de la intervención, pero a su vez, este fenómeno se traslada a otros sectores, y no cómo se cree, desaparece o disminuye. El fenómeno de la delincuencia no se puede entender como “algo aislado” sino como comportamientos o culturas que vienen dadas desde distintos factores como la educación, la desigualdad social, la pobreza y muchos otros.
Por ello, a juicio personal, el proyecto de ley “Aula Segura” no viene a solucionar ni los problemas de trasfondo en la comunidad escolar, ni la violencia escolar, así como la mayoría de las leyes, no lo hace, sino más bien, con el hecho de expulsar al etiquetado “niño problema” sólo trasladará el problema a otros establecimientos educacionales, particularmente, a aquellos donde año a año se movilizan por cambios y reformas en la educación tanto primaria como secundaria.
Hoy, el proyecto de ley que viene a reprimir la protesta estudiantil no es más que un proyecto cortoplacista que sólo traslada la violencia, y probablemente, la remueva a los mismos sectores de siempre, sin considerar los problemas de fondo que hoy aquejan no sólo a los y las estudiantes, sino a profesores y profesoras y funcionarios/as de la educación.
Finalmente, pareciera que para el gobierno es mucho más relevante las formas que el fondo. Porque en este mismo sentido, esperaríamos un énfasis y tratamiento de igual manera, a los problemas estructurales como el lucro, la calidad y el “sistema de educación” que hoy tiene a niños, niñas con altísimos niveles de estrés y agotamiento y a docentes con pésimos salarios.

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